La gestión de las 148 viviendas de Río Yedra, ubicadas en el Polígono residencial, continúa enfrentando dificultades para llegar a un acuerdo con la empresa pública Gicaman, la cual es la propietaria del edificio. El objetivo es que los beneficiarios de estas viviendas regularicen sus pagos de alquiler.
La deuda acumulada de la promoción asciende a más de 2,8 millones de euros en la actualidad. Esto se debe a que solo ocho de los inquilinos que fueron asignados por la Junta han mantenido al día sus pagos de alquiler. Los restantes 97 residentes, conocidos localmente como los 'Pisos Negros' debido al color de su fachada, tienen deudas de diferentes montos, con un promedio de alrededor de 30.000 euros por vivienda.
Los 105 beneficiarios legales de estas viviendas pagan un promedio de 297 euros mensuales por concepto de alquiler. Sin embargo, algunos de ellos nunca han realizado ningún pago.
En un intento por resolver esta situación de impagos, Gicaman propuso a los residentes un plan de pagos personalizado, pero la mayoría no ha respondido a esta oferta. Aquellos dispuestos a negociar tampoco han llegado a un acuerdo definitivo.
En mayo de 2022, los residentes propusieron pagar tarifas mensuales que variaban según el tamaño de las viviendas, con un adicional destinado a saldar las deudas pendientes. Sin embargo, esto resultaría en un plazo de amortización excesivamente largo para algunos vecinos, lo que llevó a Gicaman a ofrecer un descuento del 50% en los recibos a cambio de una liquidación gradual de las deudas.
Esta oferta fue aceptada solo por un pequeño grupo de residentes. Recientemente, en enero, algunos vecinos propusieron reducir el costo del alquiler sin comprometerse a saldar las deudas pendientes, lo cual no es viable para Gicaman, ya que implicaría renunciar a los pagos que son esenciales para una empresa pública.
Hasta la fecha, la Junta ha invertido alrededor de 763.000 euros desde 2015 en mejoras para los pisos, realizando más de 450 intervenciones en áreas comunes y 384 en las viviendas.
Es importante destacar que la promoción también enfrenta problemas significativos de ocupación ilegal, con 45 procedimientos judiciales actualmente en curso, 21 de los cuales son de naturaleza penal. Además, 13 desalojos judiciales han sido suspendidos debido a reclamaciones de vulnerabilidad por parte de los ocupantes.
